“Gestión de desastres: desafíos y mejoras en materia de prevención y respuesta desde la política pública: una visión compartida en salud, ingeniería, derecho y urbanismo” se tituló el panel de conversación con el que las Facultades de Derecho, Ingeniería y Medicina de la Universidad de Valparaíso inauguraron oficialmente —y de manera conjunta— su año académico 2024.
El encuentro contó con la participación de la abogada, docente universitaria y experta en Derecho Urbanístico e Inmobiliario, Jeannette Bruna; el profesor de Historia y especialista en Geografía, Luis Álvarez; el médico salubrista y doctor en Sociología, Mario Parada, y el experto en Emergencias, Guillermo de la Maza, quienes sostuvieron un distendido e interesante diálogo sobre el tema.
La actividad se realizó en el Aula Magna Victorio Pescio y fue encabezada por la rectora subrogante Nicole Selamé, quien en la ocasión fue acompañada por el vicerrector académico, Carlos Becerra, y los decanos de los tres planteles anfitriones, Ricardo Saavedra, Esteban Sefair y Antonio Orellana, respectivamente. También asistieron directores de escuela, jefes de carrera, coordinadores de unidades administrativas, profesionales de diferentes disciplinas y estudiantes.
Cumplir con la ley
Las presentaciones de los expositores invitados al panel giraron en torno a los planteamientos iniciales que propuso, a modo de contexto, la vicedecana de la Facultad de Derecho, Inés Robles, quien ofició de moderadora. La académica planteó que tanto en Chile como en la Región de Valparaíso la gestión y respuesta ante desastres suelen ser reactivas y descansan, la mayoría de las veces, en iniciativas no planificadas, escasamente coordinadas y en campañas voluntaristas que emanan principalmente del ámbito ciudadano o mediático. Como ejemplo de lo anterior mencionó el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 y el gigantesco incendio que el pasado 2 de febrero asoló vastas zonas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que terminó con la vida de más de ciento treinta personas y destruyó unas cinco mil viviendas.
La primera en exponer sus argumentos fue la abogada Jeanette Bruna, quien se refirió a la gestión de riesgos de desastres desde la perspectiva del derecho urbanístico. Al respecto, comentó que tanto en la ley general de urbanismo y construcción como en su ordenanza y en los instrumentos de planificación territorial existentes, hay normas que exigen la consideración del riesgo de incendio, incorporada desde el gran incendio del 2014 de Valparaíso, pero con escaso cumplimiento.
Siguiendo esa misma línea, la experta en Derecho Urbanístico e Inmobiliario señaló que existe la normativa que obliga a las autoridades a actuar coordinadamente, de manera que el gran desafío no es tener una nueva ley —de incendios, por ejemplo—, sino que las autoridades cumplan las normas que existen, que respondan por el incumplimiento, que el reglamento de los PROTs logre sortear pronto la revisión de CGR para que su visión integral pueda ser considerada de manera obligatoria en los planes reguladores comunales, y se trabaje de la mano con la población en la prevención, mitigación y gestión del riesgo de desastres.
“Esto se puede hacer mientras, en paralelo, se va gestionando la nueva normativa, como el proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional que modifica diversos cuerpos legales para atender fenómenos urbanos urgentes consolidados en el territorio que afectan a la población”, aseveró.
Bienestar territorial
Por su parte, el médico salubrista y doctor en Sociología Mario Parada abordó el tema desde un enfoque que definió como “de bienestar para el territorio” y no desde la visión con la que se suele asociar al ámbito de la salud durante una catástrofe o emergencia: las medidas sanitarias o la atención de personas heridas.
“Mas allá de si se trata de desastres naturales o no —pienso en el último incendio pero también en lo que ha estado ocurriendo en Puchuncaví, que a estas alturas es un desastre crónico—, por lo general tenemos que lo que suele no funcionar en materia de prevención y respuesta frente a este tipo de situaciones es algo societal profundo. Estamos llegando casi siempre tarde, estamos focalizando la atención en la reacción y no en la prevención, sabiendo que prevenir es una inversión que en este caso apunta a estar mejor preparados a la hora de enfrentar riesgos y, en lo específico, a mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de relacionamiento entre las organizaciones y personas. Esto último en pro de las determinantes sociales en salud, que son factores interdependientes, y que en lo sanitario debieran descansar en la atención primaria, como eje o centro de lo que debiera ser un adecuado sistema de atención o cuidados. Pero esto, lamentablemente, no es así. Entonces tenemos que cuando ocurre un desastre, al igual que como se suele dar en salud, quienes siempre se mojan son los que más se mojan”, enfatizó el docente de la Escuela de Medicina UV.
A modo de complemento, el experto en Emergencias Guillermo de la Maza señaló que los desastres no son naturales, sino procesos con consecuencias naturales. “En Chile casi la totalidad de los incendios son causados por personas, por eso es vital entender ese concepto sobre cómo se generan los desastres. No se trata solo de firmar decretos, ya que la prevención es la principal herramienta: el cortafuego no está en la tierra, sino en el conocimiento humano. Esta idea debe estar presente desde la formación básica, generar un punto de inflexión en la cultura del país, para dejar de depender del paternalismo. Nos enfrentamos a incendios de última generación, la población ha crecido, pero no así las instalaciones ni la administración. Esto ocurre entre otras cosas porque la prevención no corta cintas”, afirmó el exdirector regional de Emergencias.
Por lo anterior, De la Maza agregó que a la luz de lo ocurrido en el último tiempo en materia de desastre, a nivel regional y nacional, urge retomar las políticas públicas enfocadas en la realización de evacuaciones o ensayos de respuesta de los organismos que tienen a su cargo la gestión de una emergencia.
Capacidad de anticipación
El panel lo cerró el profesor de Historia, magíster en Urbanismo y experto en Geografía, Luis Álvarez, quien apunto a la importancia que en estas materias tienen y desempeñan el conocimiento y la sabiduría; cómo las personas y los organismos públicos son capaces de mirar su entorno, de advertirnos y reconocer en él las señales que nos suele dar, para anticiparnos a la ocurrencia de un desastre.
“Esto lo tenían claro nuestros pueblos originarios. Por ejemplo Alimapu, que es el nombre que se daba a Valparaíso antes de la llegada de los españoles, no es un topónimo que haga referencia a fuego o incendios, sino que hace referencia a una analogía derivada de las características de su suelo. Como la bahía de Valparaíso está expuesta al norte, hace más evidente el suelo arcilloso que toma colores rojizos. Los topónimos en mapudungún hacen referencia a buenas experiencias con los lugares, a buenos augurios. Así, cuando el sol iluminaba esta zona y los indígenas nómades dirigían su vista a Alimapu, sabían que al otro día haría buen tiempo y podrían salir a recorrer el territorio para recolectar. Es decir, eran capaces de anticipar. Y la anticipación en la gestión de riesgo es clave, ya que tiene que ver con el conocimiento —que en este caso aportamos desde la academia— y la sabiduría que emana de la experiencia, lo que en definitiva y cuando se aplica nos permite generar un habitar más arraigado”, concluyó Luis Álvarez.
